El Presidente y Vocales de Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia, manifestaron hoy en Conferencia de Prensa, que en el marco de la independencia, imparcialidad y seguridad jurídica, que sustentan la administración de justicia, deben ser interpretados en interés del bienestar colectivo y la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Advirtiendo, “dejar sin servicio judicial a las personas cuyas causas recayeron en esas máximas instancias, ausencia que conlleva un grave riesgo para los derechos fundamentales”, aspecto contemplado en la Declaración Constitucional 0049/2023. La demora en la tramitación de procesos y la paralización de las funciones de las autoridades judiciales no solo afecta a unos pocos, sino que repercute en un amplio espectro de grupos vulnerables, como mujeres, menores y trabajadores, quienes dependen del acceso efectivo a la justicia para la protección de sus derechos en diversos ámbitos, como el familiar, laboral y penal. Es responsabilidad de las autoridades judiciales garantizar este acceso equitativo a la justicia para todos los litigantes. “A partir de un estudio técnico, en caso de que se diera una suspensión de plazos procesales, existiría un perjuicio a muchos litigantes (…). No estamos defendiendo a nadie, no tenemos una postura política, sino básicamente (una postura) institucional”, manifestó el presidente Velasco a momento de culminar la mencionada Conferencia de Prensa. Por su parte, en la ocasión se expuso un detalle de las causas remitidas con Recurso de Casación al Tribunal Supremo de Justicia, desde la gestión 2023, hasta la fecha, destacando un total de 1.038 causas, en las 2 salas civiles, 4 salas penales, 2 administrativas sociales y 1 de familia. Adicionalmente, dos de las tres salas constitucionales del TDJC, reportaron entre amparos, acciones de libertad, de cumplimiento, entre otros 390 procesos remitidos al Tribunal Constitucional Plurinacional. El pronunciamiento de las autoridades judiciales cochabambinas, sostienen la necesidad que continué el servicio jurisdiccional, para el ejercicio y materialización de los derechos contenidos en la Constitución Política del Estado, a partir de las funciones que cumple cada uno de los Tribunales de cierre, en los cuales se requiere se respeten los plazos procesales, para que se ejerza justicia para los litigantes.

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