El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ), dio inicio al Año Judicial 2025 con acto oficial realizado en el Hall de esta institución judicial. La ceremonia fue presidida por el Decano de este tribunal, Teodoro Paul Molina Salazar, quien dio la bienvenida a las autoridades nacionales y departamentales que asistieron a este evento. En su discurso, el Decano del TDJ, destacó la importancia de trabajar bajo los principios de independencia, imparcialidad, integridad y acceso a la justicia, garantizando siempre el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos con objetividad. La Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira Rodríguez, expresó que la nueva visión en la administración de la justicia debe llegar a la población, estableciendo un horizonte donde todos tengan acceso a la justicia, con una política de cero tolerancia a la corrupción. "El acceso a la justicia implica la posibilidad de que toda persona, independiente de su condición racial, económica, social o étnica para poder acudir a los órganos jurisdiccionales para formular sus peticiones o pretensiones y defenderse en el marco de la legalidad judicial", afirmó la alta autoridad de justicia. Por su parte, la Presidente del TDJ de La Paz, Silvia Maritza Portugal Espinoza, fue la encargada de inaugurar formalmente el Año Judicial 2025. En su intervención, destacó el desafío de recuperar la credibilidad de la ciudadanía en el sistema judicial. La autoridad local, aseguró que, "aunque no es una tarea fácil, es necesario abordarlo con humildad y autocrítica, con el objetivo de generar un cambio positivo y urgente en la administración de justicia". Subrayó que es deber de las autoridades jurisdiccionales garantizar que la justicia sea accesible y eficaz para todos. Este evento contó con la participación de autoridades nacionales como el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, César Siles Bazán, el Defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya Aro, autoridades departamentales y otros invitados además de contar con la participación de organizaciones sociales y la sociedad civil, reflejando el compromiso colectivo en la mejora del sistema judicial.

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