Sucre, 3 de mayo (A.J.N).- En la promulgación de la “Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres”, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla Martínez, aseguró que la promulgación de esta Ley, “Es un acto que marcará un antes y un después del sistema judicial penal de la Justicia Boliviana. Es una Ley consensuada, es el producto más exquisito”, manifestó la autoridad judicial destacando la coordinación y trabajo desarrollado por la comisión 898. El Magistrado hizo referencia al retardo procesal que existe en el Órgano Judicial e informó que son más de 18.000 causas atendidas por 91 jueces de cada Tribunal Departamental de Justicia en Bolivia “esa es la razón de que los procesos duren años” a decir del Presidente Revilla. La Ley tiene por objeto procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal, el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas. Al respecto Revilla, manifestó que “la Ley es una de las más complejas que tenemos y es una ley que va a demandar el concurso de todas las instancias correspondientes (…) debe haber una actuación de interconexión de extremas instancias”, puntualizó. La Ley 1173 entrará en plena vigencia ciento cincuenta (150) días calendario el 30 de septiembre y la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia será la instancia encargada de evaluar y hacer seguimiento a la implementación de la misma. El Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Ministerio Público, la Policía Boliviana y la Dirección General de Régimen Penitenciario trabajarán coordinadamente en un plan de implementación, adoptando herramientas tecnológicas de información y comunicación para que garanticen la celeridad de las actuaciones procesales, la transparencia de los procesos penales.

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