Sucre,22 de septiembre (AJN).- El Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes Molina, presidente de la Sala Civil sostuvo una reunión con la representación de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para conocer a detalle las medidas asumidas por el Órgano Judicial sobre acceso a la justicia como un derecho fundamental de los bolivianos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desplegó en Bolivia una misión técnica para recolectar información sobre la situación de los DD.HH. (Derechos Humanos) luego de los hechos registrados tras las elecciones de octubre del 2019 y a raíz de la emergencia sanitaria registrada por el COVID-19 permanecieron en el país dando seguimiento al trabajo inicial y evaluando la actual circunstancia en esta pandemia, la Oficina de la Misión Técnica presentó ante la autoridad judicial el documento elaborado con este fin y solicitó información detallada de las acciones asumidas por las altas autoridades para generar acceso a la justicia en este tiempo de crisis. El Magistrado resaltó el interés en enfocar también la recolección de datos al Órgano Judicial dado que esta instancia asumió importantes determinaciones resaltando los derechos fundamentales de los bolivianos, “Esta reunión nos permitió conocer el trabajo elaborado por el Alto Comisionado, el interés en nuestro país, las violaciones a los derechos a la vida y seguridad de la persona, las violaciones del derecho a la libertad personal, a las garantías del debido proceso y actos de discriminación después de las pasadas elecciones presidenciales, intercambiándose criterios, en vía de hoja de ruta, sobre la necesidad de una rendición de cuentas, fortalecimiento de la institucionalidad y desarrollo de una agenda de transformación y prevención, pero también compartimos criterios sobre la importancia de generar acceso continuo a la justicia aún en la emergencia sanitaria, por eso brindamos información sobre las determinaciones del pleno y la acciones que incluyeron el acceso a la justicia en modalidades como la virtual y ahora de manera gradual la presencial sin haber restringido este acceso en ningún momento a la población”. “En relación con los acontecimientos de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019 pusimos en conocimiento de la Misión la sentencia dictada en 4 de octubre de 2011 por la Corte Suprema de Justicia en el Juicio de Responsabilidades en el caso “Octubre Negro” como precedente legal de las penas impuestas a jefes militares por hechos similares. Lamentamos los actos que exacerban la discriminación, el odio y la violencia a través de medios de comunicación y redes sociales, coincidiendo en la importancia de la independencia del órgano judicial y la necesidad de racionalizar la pretensión punitiva del Estado, además de la necesidad del restablecimiento de una oficina de país de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, en lugar de sólo la Misión”, concluyó la autoridad judicial.

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