El Magistrado y presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Msc. Olvis Eguez Oliva, hizo un llamado a la sociedad boliviana, el sector privado y a las autoridades estatales, a garantizar los Derechos Humanos en favor de la niñez y las mujeres, durante su participación en la “Reunión de Coordinación para la Implementación de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) al Estado Plurinacional de Bolivia”. Durante la reunión, realizada a invitación del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización y Comunidad de Derechos Humanos, realizada en la ciudad de La Paz, el magistrado Eguez destacó las políticas institucionales asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia mediante los autos supremos 268/2022 y 193/2022, emitidas por la Sala Penal, que constituye doctrina legal aplicable y tiene vinculatoriedad en todos los juzgados y tribunales del país. “Se considera debida diligencia, no solamente a la persecución penal, sino también al juzgamiento ejercido por la administración de justicia, un elemento, sin lugar a dudas innovador, que permite exigir a los jueces en materia penal, el poder realizar una debida diligencia en el momento en que se presenta un caso de esta naturaleza”, expresó la autoridad judicial. Agregó que, como parte de la debida diligencia y como parte de los autos supremos mencionados, se incorpora el uso obligatorio de las cámaras Gesell. Para ello, señaló, que el TSJ ya incorporó en su Presupuesto Operativo Anual (POA) del año 2023, un monto de Bs 20 millones para la construcción de este tipo de instalaciones en todo el territorio nacional. “Conocemos la importancia de garantizar la no revictimización de parte de mujeres y niños que son víctimas de violencia”, expresó. Al mismo tiempo, citó el acuerdo suscrito en febrero entre el Consejo de la Magistratura y el TSJ, en cumplimiento a la ley 1173, con el que se reasignan funciones a los tribunales de sentencia, creando juzgados en todas las materias y, en el caso específico de juzgados especializados en violencia de género, se llegan a crear 21 nuevos juzgados en todo el territorio nacional. “Además de ello, se han emitido algunos instructivos ordenando la priorización en los casos de feminicidio y de violencia en la sustanciación de los diferentes juzgados. Ahora bien, estas políticas constituyen un primer paso que se va generando, aunque no son suficientes, para poder realizar un abordaje de la problemática en el campo judicial, en el entendido de que se necesita trabajar aún más en lo que son las escuelas (de formación), tanto de la Policía, del Ministerio Público y del Órgano Judicial, que forman parte del sistema penal boliviano”, sostuvo. En el evento participaron Mila Reynolds Brun, Oficial Nacional de Programa Cooperación Suiza en Bolivia; Rinko Kinoshita, Representante de UNFPA en Bolivia, Gladys Acosta, Presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; Mónica Bayá, Secretaria Técnica Comunidad de Derechos Humanos y Wendy Pérez, del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero”

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