El Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando (TDJP), y la Defensoría del Pueblo se constituyeron en el Centro de Reintegración Social de Villa Rojas, a objeto de realizar una inspección en cuanto la infraestructura y el cumplimiento de las medidas socio educativas para los adolescentes con responsabilidad penal, esto a raíz de lo último acontecido donde se ingresó a tres adolescentes mujeres y un varón, con la pena máxima por el delito de asesinato, esto hasta que se determine si se realizará el traslado a otro departamento o cumplirán su pena en la ciudad de Cobija, ya que la Instancia Técnica Departamental no cuenta con un Centro de Reintegración Social para adolescentes Mujeres. En esta inspección las autoridades, evidenciaron que este centro no cuenta con las condiciones necesarias para albergar a las adolescentes mujeres, siendo que improvisaron los ambientes de la sala de enfermería como un dormitorio para las mismas, espacio no adecuado, ya que no cuentan con un espacio o mueble para poder guardar sus pertenencias, así como el espacio donde realizar su higiene personal, a la par de ello les prohibieron hacer el uso del comedor e incluso que puedan utilizar el refrigerador para poder consumir agua fría, eso respecto a infraestructura. Ahora bien, respecto a las medidas socio educativas, no fueron incluidas en las actividades de esparcimiento y de lectura existentes en el centro, incurriendo así en la vulneración de sus derechos como privados de libertad; derecho a educación, derecho a conocer el reglamento, derecho a ser insertados en un programa para realizar sus actividades, además se debe tomar en cuenta que dos de los adolescentes asistían a clases regulares, y ahora no pueden continuar por falta de gestiones, a razón de ello la Juez de la Niñez y Adolescencia insta nuevamente a la defensoría de la niñez y adolescencia para que la misma verifique y resguarde los derechos e inicie acciones correspondientes por vulneración de derechos. La autoridad judicial lamenta la inexistencia de centros de reintegración social para mujeres, ya que, en el caso en particular, existe la posibilidad de revocar el traslado de las adolescentes lo que implicaría que cumplan su condena en esas condiciones, o existan más adolescentes involucradas en conflicto con la Ley, incurriendo en la vulneración de sus derechos e incluso en la discriminación en razón de género, siendo que la Instancia Técnica Departamental manifiesta que el Centro de Reintegración Social y sus ambientes, son solo para adolescentes varones

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